MARÍA YANES (*)
E
l 16 de este mes acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) organizaciones de pacientes de gran importancia como: Amigos
Trasplantados de Venezuela, Acción Solidaria en VIH /SIDA, Asociación
Venezolana para la Hemofilia, de Drepanocitosis y Talasemias, la Fundación de
la lucha contra el cáncer de mama (Fundacamama) y la Asociación civil Senos Ayuda.
Todas estas organizaciones forman parte de la Coalición de Organizaciones por
el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA) la cual también estuvo presente en
tan resaltante audiencia, cuyo objetivo principal era precisamente la defensa
del derecho a la salud y a la vida, obligación contemplada en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en convenios internacionales
como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, económicos y culturales (PIDESC).
En esta ocasión, se hizo entrega de un extraordinario informe con bases sólidas
y argumentos totalmente creíbles y demostrables, donde se defiende el derecho
humano más sagrado: el derecho a la vida. Una acción como esta es respetada en
la mayoría de los países del mundo, por lo que debe serlo también en nuestro
país. La CIDH es un “es un órgano principal y autónomo de la Organización de
Estados americanos (OEA) encargado de la protección y defensa de los derechos
humanos en el continente americano”, creada en 1959, instancia que además de
autónoma, objetivo e imparcial, a nuestro juicio y debe cumplir estrictamente
el papel para lo cual fue creada sin dejarse influenciar por factores externos
y políticos.
Quisiera resaltar lo
contemplado en el informe presentado y entregado a tan importante organismo
internacional. Se realizó un análisis muy completo y detallado del
incumplimiento del Estado venezolano a la garantía del derecho a la salud y a
la falta de consolidación de un sistema público nacional de salud del cual
adolece nuestro país. Este sistema debería ser “descentralizado y
participativo, integrado al sistema de seguridad social “y tal como lo
contempla dicho informe, que incluya fuentes de financiamiento, y esto es texto
de nuestra carta magna en sus artículos 84 y 85. Además, señala dicho informe que
en 15 años no se ha promulgado la Ley Orgánica de Salud que garantiza el
cumplimiento de las normas constitucionales, por cierto deuda pendiente de este
gobierno. También analiza con bases bien documentadas la situación de los
servicios de salud actualmente como el deterioro de los centros hospitalarios,
la disminución importante de las camas operativas en dichos centros, el déficit
del personal de salud y la grave escasez de insumos-médicos y quirúrgicos que
se ha venido exacerbando desde el año 2013 y que en los actuales momentos ha
incidido en la suspensión de cirugías electivas y de emergencia y que también
ha afectado a otras áreas de servicio como radiología, laboratorio y bancos de
sangre. Se enfatiza igualmente en la crisis de desabastecimiento del sector
salud lo que concierne al acceso de medicamentos para todo tipo de pacientes,
pero algunos vitales para aquellos que representan estas organizaciones. El
informe describe la situación de las personas en riesgo como pacientes con
patologías cardiovasculares que ameritan la implantación de marcapasos o stent
coronarios. Por ejemplo, la falta de atención oportuna y adecuada de las
embarazadas y recién nacidos, de 15.000 personas con problemas renales que
ameritan diálisis y no reciben las condiciones mínimas de confort, salubridad,
insumos médicos y exámenes rutinarios de sangre, la falta de unidades de
diálisis para esta gran demanda de pacientes. Además la lista de 5.000 personas
en espera de trasplante y que el Ministerio de Salud decidió desde el año 2013,
de manera no planificada, encargarse de la procura de órganos y tejidos.
Sumo a
esto las personas con afecciones como linfomas y mielomas múltiples, cáncer, VIH/SIDA
y patologías más frecuentes como la hipertensión y diabetes en relación al
acceso de manera muy irregular los tratamientos que requieren y otras muchas
situaciones de personas en riesgo, se
describen en este informe. Pero más allá del análisis de la crisis de salud, la
cual es inocultable, se hicieron las recomendaciones pertinentes como “el abordaje urgente por parte del
Estado de la situación del derecho a la salud actualmente como la toma de
medidas oportunas y consistentes con el carácter urgente de las necesidades”.
Preocupa
la última nota de prensa de la CIDH con fecha 20 de marzo, expresando “su
alarma ante intimidación en Venezuela contra las personas que acuden al sistema
interamericano de derechos humanos”
hecho que debemos repudiar y rechazar. Ante esto último, la conclusión más
importante: Las organizaciones de pacientes se hicieron sentir en la defensa de
sus derechos, expresando una real y cruda realidad sobre la salud actual en Venezuela.
(*) Presidenta de la Red de Sociedades Científicas y Médicas de Venezuela