Así ironizaron los cubanos con el título
de la memorable película alemana “La vida de los otros”, del director Florian
Henckel von Donnersmarck quien también fue el guionista. La trama se desarrolla
en Alemania oriental -la cínicamente llamada República Democrática Alemana- en
los casi estertores del régimen comunista. El tema es la persecución de la
temible policía política -la Stasi- a cualquier disidencia especialmente la de
los intelectuales. ¿El método? La grabación de las conversaciones mediante
dispositivos colocados en sus viviendas. La Stasi tenía alrededor de 300 mil
funcionarios, entre agentes e informantes, dedicados a la tarea de sembrar el
terror mediante delaciones que conducían a la cárcel sin fecha de salida.
Los comunistas alemanes no
inventaron esa manera de utilizar el miedo para doblegar a la gente, su escuela
fue la soviética. En los tiempos de la URSS había un chiste muy difundido por
quienes visitaban ese país, incluidos los comunistas de otras tierras. Decían
que en los hoteles había el siguiente letrero de advertencia: “no ponerle
agua al florero porque se oxida el micrófono”. El régimen castrista,
como buen discípulo del estalinismo, hizo otro tanto en Cuba: reclutó a miles
de soplones que controlaban (y controlan) las vidas de sus vecinos e incluso de
sus familias, para denunciarlos ante la menor manifestación de descontento o
crítica al gobierno.
Grabar las conversaciones
telefónicas de los ciudadanos ha sido un vicio de casi todos los gobiernos,
valga recordar que en el famoso caso Watergate, los agentes de la CIA que
violentaron las oficinas del Partido Demócrata, no solo buscaban robar
documentos sino también colocar dispositivos en los teléfonos para realizar grabaciones.
Los regímenes autoritarios modernos pueden prescindir de tan numeroso personal
y de métodos que ahora lucen rudimentarios como la instalación de micrófonos
con cableados y otras complicaciones. Las modernas tecnologías permiten
intervenir teléfonos a distancia y piratear correos electrónicos. Y las cámaras
de video graban los movimientos de las personas a quienes se quiere imputar
algún delito. Como compensación o contrapartida a los abusos militares y
policiales, cada poseedor de un teléfono móvil es un testigo de cargo cuando
filma las violaciones de los derechos humanos en que aquellos incurren.
En los 80 fue tan abusivo en
Venezuela el uso de grabaciones telefónicas para extorsionar o desacreditar a
personas con alguna figuración pública, que el Congreso sancionó en diciembre
de 1991, la Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones. Cometía
delito quien grababa y quien divulgaba el contenido de las grabaciones. Los
policías solo podían grabar en los casos de delitos contra la seguridad o
independencia del Estado, corrupción, drogas, secuestro y extorsión. En
cualquier otra circunstancia, debían pedir autorización de un tribunal para
realizar las grabaciones. La mencionada ley jamás fue derogada, continúa
vigente pero como casi todas incluyendo la máxima -la Constitución de la
República-ha sido letra muerta para el gobierno del desaparecido Hugo Chávez y
para el actual de Nicolás Maduro.
¿Qué graban los policías del
régimen fascista, seudo marxista y militar de Maduro y su camorra? ¿Acaso se
interesan por descubrir a los miles de delincuentes que mantienen aterrorizada
y bajo toque de queda autoimpuesto a la población? ¿Persiguen a los
secuestradores, sicarios, homicidas que descuartizan a sus víctimas,
narcotraficantes, contrabandistas de uniforme que trafican con alimentos,
gasolina y cabillas hasta la vecina Colombia? ¿Tienen controlados a los pranes
que reinan en las cárceles de todo el país y que desde allí ordenan, por sus
teléfonos móviles, asesinatos, secuestros y extorsiones? En absoluto, los
criminales pueden continuar con sus actividades con la seguridad de que al
gobierno poco le importa lo que hagan y deshagan. Las grabaciones del régimen
sirven solo para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos de oposición y
para que la gente común tenga miedo de hablar por teléfono.
Pero ya hasta las grabaciones
comienzan a ser prescindibles, la justicia revolucionaria ha dado a luz delitos
que no existen en ninguna legislación y cuya supuesta comisión no requiere de
testigos o pruebas. Dos alcaldes de oposición, Enzo Scarano, de San Diego,
Estado Carabobo y Daniel Ceballos, de San Cristóbal, capital del estado
Táchira, fueron destituidos y encarcelados por desacato a una notificación
judicial publicada en la prensa. En el caso de Ceballos, el agravante fueron
sus conversaciones telefónicas en las que trazaba estrategias políticas con
partidarios. El dirigente político y ex alcalde Leopoldo López, está en la
cárcel por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad e incendio,
ambos en grado de determinador. Pero además por tráfico de influencias, lo que
se deriva de sus conversaciones telefónicas. Esas singulares imputaciones, sin
necesidad de pruebas, han sido fabricadas por la Fiscal general más abyecta en
la historia de Venezuela, se merece que la llamen fiscala.
La tapa del frasco ha sido el delito
inventando por un diputado ágrafo que gracias a la meritocracia revolucionaria,
ocupa la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. El nuevo crimen es vandalismo
lingüístico y el criminal es el presidente del gremio médico del
estado Aragua. Cometió ese neodelito al denunciar ocho extrañas muertes por una
epidemia indeterminada en esa región. En un país en el que cada día es más
difícil encontrar medicinas y la gente acude al Twitter para suplicar por
ellas, en que los hospitales carecen de los mínimos recursos para diagnósticos
y tratamientos, en que las clínicas privadas han debido reducir al mínimo las
intervenciones quirúrgicas por falta de recursos, hasta de anestesia; el delito
es revelar que hay gente muriendo por una epidemia ignota e incontrolada. Hay
que agradecer al altísimo que a estas tierras no haya llegado el ébola, la
mortandad sería de cientos de miles y las cárceles no alcanzarían para recluir
a quienes mencionen la soga en la casa del ahorcado, aunque sea por teléfono.
(*) Publicado originalmente en EL PAÍS INTERNACIONAL el 19-092014
